En una importante acción contra la ineficiencia de la salud pública, el Tribunal de Cuentas del Estado de São Paulo (TCESP) ha destapado una pérdida de R$4,3 millones debido a medicamentos vencidos. La operación, un ataque coordinado en todo el estado, expuso fallas críticas en la forma en que las farmacias públicas gestionan sus inventarios, lo que genera desperdicio de recursos vitales y escasez de medicamentos esenciales para la población.
La auditoría, oficialmente la 2.ª Inspección Ordenada de 2026, se ejecutó con precisión militar el pasado jueves. Desplegó a más de 380 auditores para inspeccionar simultáneamente 300 farmacias públicas en 300 municipios diferentes. La escala de la operación fue diseñada para obtener una instantánea completa y en tiempo real del estado del sistema, y los resultados fueron inequívocos: todas las farmacias inspeccionadas infringían al menos una normativa.
Los números pintan un panorama sombrío de fallo sistémico. En promedio, cada farmacia fue señalada con 7,3 irregularidades. El error más costoso fue la caducidad del stock mientras esperaba distribución. El 63% de la pérdida total de R$4,3 millones —aproximadamente R$2,7 millones— se atribuyó directamente a medicamentos que superaron su fecha de caducidad antes de llegar a los pacientes. Esto apunta a una falla fundamental en la logística y la previsión de la demanda.
Más allá de la hemorragia financiera, la auditoría reveló una peligrosa desconexión entre la oferta y la demanda. Las farmacias no solo están desperdiciando dinero; no tienen los medicamentos adecuados a mano cuando la gente los necesita. Esto crea un escenario en el que los fondos públicos se derrochan en productos que se vuelven inservibles, mientras los ciudadanos enfrentan desabastecimiento, o escasez crítica, de los mismos artículos que el sistema debe proporcionar.
Los hallazgos del TCESP subrayan un problema profundamente arraigado en la gestión de los recursos de salud pública en el estado de São Paulo. Los problemas no son incidentes aislados, sino un patrón de fallos en cientos de lugares, lo que sugiere deficiencias en la planificación central, los protocolos de control de inventarios y los mecanismos de supervisión. La operación sirve como una advertencia clara de que, sin reformas significativas, el ciclo de desperdicio y escasez continuará socavando la prestación de atención médica pública.
Basado en informes de g1.