En un movimiento legal significativo, la Defensoría Pública del Estado de Pará (DPE-PA) y la Defensoría Pública Federal (DPU) han presentado una acción civil pública en la Corte Federal. La demanda impugna el proceso de licenciamiento ambiental de un gran proyecto de vertedero sanitario planificado para el municipio de Bujaru, ubicado en la región noreste del estado.
El proyecto, desarrollado por Revita Engenharia S.A. y Guamá Tratamento de Resíduos LTDA, está diseñado para manejar un volumen sustancial de residuos. La instalación, conocida como Unidade de Valorização Sustentável (UVS) Bujaru, tiene previsto recibir aproximadamente 1.600 toneladas de residuos sólidos diariamente de varias ciudades, incluyendo Belém, Ananindeua, Marituba, Acará y el propio Bujaru. El sitio se ubica en unas 200 hectáreas cerca de la carretera PA-483, junto al río Guamá.
El núcleo de la impugnación legal gira en torno a alegatos de deficiencias procesales. Los defensores públicos argumentan que el proyecto avanza sin estudios exhaustivos sobre sus impactos sociales y ambientales. Señalan específicamente la falta de consulta adecuada con decenas de comunidades quilombolas, ribereñas y tradicionales en el área. Según un informe de la DPE-PA, al menos 37 comunidades se encuentran en un radio de 10 kilómetros del sitio propuesto, 28 de las cuales son asentamientos quilombolas.
Entre las comunidades identificadas se encuentran Menino Jesus, Abacatal, Jabaquara, Itacoã-Miri, Espírito Santo, Monte Alegre, Trindade y Paraíso. La demanda señala que mientras algunas de estas comunidades tienen reconocimiento formal y títulos de tierra, otras aún están en proceso de regularización de tierras. De manera crítica, los defensores públicos afirman que varias de estas localidades ni siquiera fueron mencionadas en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa.
En respuesta a la demanda, la empresa Revita emitió un comunicado afirmando que aún no se ha emitido ninguna licencia preliminar. La empresa sostiene que el proyecto está siguiendo todos los procedimientos legales para el licenciamiento y que ha completado su Estudio y Reporte de Impacto Ambiental. También declararon que habían preparado un Estudio de Componente Quilombola y lo incluyeron en el proceso de licenciamiento, y que el sitio del proyecto está legalmente establecido a una distancia de los centros poblados tres veces mayor que el mínimo exigido por ley.
La petición legal de la DPU y la DPE-PA solicita varias acciones específicas del tribunal. Estas incluyen impedir que el Estado de Pará emita la licencia preliminar hasta que se completen nuevos estudios y consultas. También buscan incluir formalmente al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y a la Fundación Cultural Palmares en el proceso de licenciamiento. Además, piden la suspensión del licenciamiento si se demuestra que las comunidades tradicionales no fueron escuchadas adecuadamente y, en última instancia, una declaración de inviabilidad de ubicación del vertedero de Bujaru.
Esta impugnación legal ocurre junto a otro proyecto controvertido de gestión de residuos en la región. La empresa Ciclus Amazônia también está en proceso de licenciamiento para instalar un vertedero en el vecino municipio de Acará. Ese proyecto ha enfrentado una oposición significativa y protestas de los residentes locales que están en contra de su construcción.
Basado en reportaje de g1.