Una empresaria brasileña está en el centro de una importante investigación criminal en el estado de Maranhão. Carolina Sthela Ferreira dos Anjos fue arrestada y ahora es investigada por cinco delitos distintos tras acusaciones de un brutal ataque contra su trabajadora doméstica de 19 años embarazada. Los cargos incluyen intento de homicidio triplemente calificado, encarcelamiento ilegal, calumnia, difamación e injuria, según la Policía Civil.
El caso ha atraído una atención pública significativa debido a la gravedad de las acusaciones. La víctima, que tenía cinco meses de embarazo en ese momento, describió una terrible experiencia. Relató haber sido sometida a jalones de cabello, golpes y ser lanzada al suelo, todo mientras intentaba proteger su abdomen. La presunta agresión se originó, según informes, por una acusación de que la trabajadora había robado un anillo, que luego fue encontrado en una cesta de la ropa sucia.
Tras su arresto en Teresina, Piauí, Carolina Sthela fue trasladada a São Luís, Maranhão. Al llegar, declaró durante más de una hora en la 21.ª Comisaría. Durante su declaración, no confirmó que las grabaciones de audio, en las que una voz supuestamente confiesa las agresiones, le pertenecen. Ha solicitado un análisis forense del material.
La investigación también involucra a un oficial de policía militar, Michael Bruno Lopes Santos, quien se entregó a las autoridades. Se sospecha que participó en los ataques en la residencia de la empleadora. En su declaración, el oficial negó las acusaciones, alegando que estaba en la casa para entregar documentos relacionados con el puntaje crediticio de un cliente.
Las autoridades afirmaron que Carolina Sthela fue detenida mientras intentaba huir. La inteligencia policial sugirió que estaba cargando combustible en su automóvil con posibles planes de dirigirse a la costa de Piauí o abordar un vuelo no comercial a Manaus. Sin embargo, su abogado defensor contradijo que había viajado a Piauí para dejar a su hijo de seis años con familiares, ya que no tenía familia en Maranhão para cuidarlo.
La víctima también relató una exigente vida laboral, afirmando que le pagaron R$ 750 por más de dos semanas de trabajo. Sus funciones supuestamente incluían limpieza, cocina, lavandería y cuidado de niños, con una jornada laboral diaria cercana a las diez horas. El caso ha sido clasificado por el colegio de abogados local (OAB) como tortura agravada, además de otros cargos.
La Policía Civil ha enfatizado que la investigación está en curso. Si bien se ha presentado evidencia sustancial, incluidos los archivos de audio, los funcionarios señalan que otros elementos dentro de la investigación aún requieren análisis y confirmación en los próximos días. Basado en informes de g1.