En un duro golpe al crimen organizado, las autoridades de São Paulo lanzaron una operación coordinada el viernes por la mañana. La acción, denominada Operación Caronte, involucró a la Policía Civil y al Ministerio Público estatal en la ejecución de múltiples órdenes de allanamiento e incautación.
El enfoque principal de la operación fue la ciudad de Atibaia, pero el alcance de la investigación se extendió a otros siete municipios. Los equipos también estuvieron activos en Campinas, Monte Mor, Sumaré, Limeira, Mogi das Cruzes, Osasco y Taquaritinga, lo que indica la naturaleza generalizada de la supuesta red criminal.
Los investigadores alegan que la operación está dirigida a un sofisticado esquema de lavado de dinero vinculado al Primeiro Comando da Capital, o PCC, una importante facción criminal. Según las informaciones, el esquema utilizaba empresas de los sectores de transporte, rodeo y música para procesar fondos ilícitos. Estas compañías supuestamente empleaban 'hombres de paja' o 'laranjas' como socios para ocultar el verdadero origen del dinero.
Una de las figuras centrales de la investigación es Eduardo Magrini, conocido con el alias 'Diabo Loiro' o 'Diablo Rubio'. Las autoridades sospechan que Magrini ha estado involucrado en el lavado de ganancias del PCC desde 2016. Su historial criminal incluye un arresto previo en 2025 durante otra operación policial.
La investigación también ha descubierto una trama supuestamente más siniestra. Según se informa, Magrini está siendo investigado por su presunta participación en un plan para asesinar al fiscal Amauri Silveira Filho. Este detalle subraya la naturaleza peligrosa y de alto riesgo de la empresa criminal que se está desmantelando.
Como parte del proceso legal, el poder judicial ha tomado una medida financiera decisiva. Se ha emitido una orden judicial para congelar aproximadamente R$ 10 millones en cuentas bancarias y activos pertenecientes a las personas bajo investigación. Esta medida tiene como objetivo evitar una mayor disipación de fondos supuestamente criminales.
Hasta los últimos informes desde el lugar en Atibaia, las autoridades no habían publicado un recuento oficial de arrestos o incautaciones realizadas durante los allanamientos de la mañana. La operación representa un esfuerzo importante del sistema de justicia de São Paulo para desarticular la infraestructura financiera que apoya al crimen organizado.
Basado en informes de g1.