En un hecho importante, la Policía Federal de Brasil ha iniciado una investigación sobre un presunto esquema multimillonario que involucra la liberación irregular de órdenes de pago gubernamentales, conocidas como precatorios. La investigación, que comenzó en el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y se profundizó en el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1) en Brasilia, ha descubierto irregularidades significativas en el sistema judicial.
Los precatorios son documentos formales emitidos por un juez cuando un individuo o entidad demanda exitosamente al gobierno y se agotan todas las apelaciones. Representan el reconocimiento oficial de la deuda por parte del gobierno. Sin embargo, los investigadores descubrieron que jueces de cinco divisiones judiciales diferentes del TRF-1 emitieron estas órdenes de pago para 2025 y 2026 sin registrar adecuadamente las fechas de cierre de los casos. Esto significa que las órdenes se emitieron prematuramente, mientras el gobierno aún tenía el derecho legal de apelar las deudas, una clara violación de la ley.
Según el organismo de supervisión interna del TRF-1, la Corregedoria, la situación era aún más alarmante. La evidencia sugiere que estos precatorios se estaban vendiendo a fondos de inversión incluso antes de que los jueces los emitieran oficialmente. Al menos dos de los fondos involucrados eran administrados por empresas ya investigadas por fraude relacionado con el Banco Master: Reag y Trustee DTVM. Esta conexión ha planteado serias dudas sobre la posible manipulación del proceso judicial en beneficio económico.
La investigación ya ha tenido consecuencias financieras significativas. El CNJ canceló pagos por un total de R$ 3.500 millones debido a sospechas de irregularidades. La mayoría de estos pagos cancelados estaban vinculados a casos presentados por hospitales privados que buscaban actualizaciones en los valores de la tabla del SUS (Sistema Único de Salud). Después de esto, el TRF-1 tomó medidas adicionales, cancelando cientos de precatorios que sumaban casi R$ 11.000 millones en total.
A pesar de la magnitud del presunto esquema, el TRF-1 no ha castigado a ninguno de los jueces involucrados. En cambio, el tribunal emitió una recomendación para que los jueces presten más atención a las reglas. El caso ahora ha sido elevado a la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Federal. Esta unidad especializada tiene la tarea de investigar las sospechas de manipulación y dirección de decisiones judiciales, así como la posible participación de abogados y fondos de inversión, algunos de los cuales tienen vínculos con el Banco Master.
Por su parte, las empresas involucradas han respondido. Trustee DTVM declaró que su fondo de inversión compró los precatorios de conformidad con la legislación vigente y que no ha recibido ningún pago de la Unión por estos títulos. Reag, la otra empresa implicada, se negó a comentar sobre el asunto. La investigación continúa mientras las autoridades trabajan para desentrañar toda la magnitud de este complejo escándalo financiero y judicial.
Basado en reportajes de g1.