El estado de Rondônia ha dado un paso legislativo decisivo para proteger a sus residentes más jóvenes. Funcionarios de la oficina del gobernador han sancionado oficialmente la 'Ley Marta Isabelle', una nueva política pública diseñada para localizar sistemáticamente a niños y adolescentes que no están matriculados en la escuela. Esta medida proactiva responde directamente a un crimen horrible que expuso lagunas críticas en el sistema.
La ley toma su nombre y su urgencia del caso de Marta Isabelle dos Santos. Las investigaciones revelaron que la adolescente fue retirada de la escuela por su padre y su madrastra, quienes luego la mantuvieron cautiva y la sometieron a tortura hasta su muerte. Su aislamiento pasó desapercibido, lo que pone de relieve una peligrosa falta de mecanismos para rastrear a los estudiantes que desaparecen del entorno educativo.
En esencia, la nueva legislación establece un protocolo formal de 'búsqueda activa'. Sus objetivos principales son identificar a todos los niños en edad escolar obligatoria que no estén registrados en las redes escolares públicas o privadas. Además, ordena la localización de los estudiantes que han abandonado sus aulas y la notificación inmediata a las autoridades responsables.
Una vez que se identifica a un niño como desaparecido del sistema escolar, la ley describe los siguientes pasos claros. Se requiere que los equipos desarrollen e implementen estrategias para la reintegración segura del estudiante al aula. Este proceso incluye un monitoreo constante de la asistencia y medidas para garantizar la presencia continua del estudiante en la escuela en el futuro.
La implementación efectiva de esta política de búsqueda se basa en un enfoque coordinado entre múltiples agencias. La ley fomenta la integración entre varios sectores estatales, incluyendo educación, asistencia social, salud y seguridad pública. Para ampliar su alcance, el gobierno estatal está autorizado a formar acuerdos con municipios, agencias federales, organizaciones no gubernamentales, iglesias y asociaciones comunitarias.
Las responsabilidades están claramente definidas para las diferentes partes interesadas. Las instituciones educativas públicas y privadas deben monitorear activamente la asistencia de los estudiantes y rastrear los procesos de transferencia para confirmar la matrícula en las escuelas de destino. Las organizaciones de la sociedad civil, las entidades de salud y los grupos filantrópicos tienen la tarea de solicitar identificación y comprobante de matrícula actual para los menores a su cargo.
Incluso las organizaciones comunitarias y religiosas tienen un papel. Se espera que las iglesias, los proyectos deportivos y los centros culturales soliciten una declaración escolar a los participantes para actividades sociales, recreativas o deportivas, o para la recepción de donaciones y beneficios de sus propios programas sociales. Esto crea múltiples puntos de control para identificar a los niños fuera del sistema.
Un componente crítico de la ley es el protocolo de notificación obligatoria. Todas las partes involucradas están legalmente obligadas a comunicar cualquier inconsistencia, señal de abandono escolar o situación de violencia al Consejo Tutelar del Niño y del Adolescente (Conselho Tutelar) con la máxima urgencia. Al recibir dicho informe, el Consejo y las agencias de seguridad pública deben iniciar inmediatamente una búsqueda del estudiante y tomar medidas para garantizar su regreso seguro a la escuela.
Basado en información de g1.