En un duro golpe legal a la agenda comercial del expresidente Donald Trump, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos emitió un fallo decisivo el jueves. El tribunal determinó que los aranceles globales del 10%, que habían estado en vigor desde finales de febrero, se implementaron ilegalmente.
La decisión respondió a un desafío presentado por un grupo de pequeñas empresas estadounidenses. Argumentaron que los aranceles eran un intento inapropiado de la administración de eludir un fallo histórico de la Corte Suprema de 2025. Esa decisión anterior había anulado los aranceles que Trump había impuesto bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
En su decreto de febrero, la administración Trump invocó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta disposición específica permite al gobierno imponer aranceles por un período de hasta 150 días. El propósito declarado es abordar "déficits graves de balanza de pagos" o prevenir una devaluación inminente del dólar estadounidense.
El panel de jueces del tribunal llegó a su conclusión con una votación de 2-1. La mayoría se puso del lado de las pequeñas empresas, coincidiendo en que los aranceles no se promulgaron legalmente. Sin embargo, el juez disidente ofreció una opinión contraria, sugiriendo que era prematuro conceder una victoria a las empresas en esta etapa del proceso legal.
Este fallo detiene efectivamente la recaudación de los aranceles generalizados que se aplicaban a las importaciones de numerosos países. La victoria legal para las pequeñas empresas subraya la tensión continua entre las acciones comerciales ejecutivas y la supervisión judicial en Estados Unidos.
El caso resalta el complejo marco legal que rige el comercio internacional y los límites específicos impuestos a la autoridad presidencial. Si bien el presidente tiene herramientas para abordar los desequilibrios comerciales, la decisión del tribunal reafirma que estas herramientas deben usarse dentro de los estrictos límites de la ley existente.
Para las empresas que presentaron la demanda, el fallo representa una gran victoria contra lo que consideraban un abuso del poder ejecutivo. La decisión envía un mensaje claro sobre los límites de la autoridad arancelaria bajo el estatuto de 1974 citado.
Basado en reportajes de g1.