El estado de Acre en Brasil enfrenta una grave crisis de seguridad pública, con autoridades que reportan 27 casos de violación de adolescentes durante los primeros tres meses de 2026. En respuesta, el Tribunal de Justicia de Acre (TJ-AC) ha lanzado la campaña 'Infancia Protegida', una iniciativa importante diseñada para acelerar el procesamiento de estos delitos violentos y brindar justicia más rápida a las víctimas.
Esta campaña es una parte central del mes de concienciación 'Mayo Naranja', que se enfoca en combatir el abuso y la explotación sexual de niños y adolescentes. Como parte del esfuerzo, el poder judicial realizará un impulso especial, programando 152 audiencias específicamente para casos de violación. Las audiencias se distribuirán en varios distritos judiciales, incluyendo 44 en el 2º Tribunal de Niños y Jóvenes de Rio Branco, 34 en el Tribunal Penal de Tarauacá y 18 en el Tribunal de Niños y Jóvenes de Cruzeiro do Sul.
Las estadísticas pintan un panorama sombrío de la violencia en curso. Según la Policía Civil, el estado registró 123 violaciones de víctimas vulnerables (que legalmente incluye a menores de 14 años) solo entre enero y marzo. Este problema no es nuevo; el estado vio 652 casos de este tipo en 2025 y 759 en 2024. Los datos más recientes de todo el año 2025 muestran 572 violaciones totales, con 452 de esas víctimas clasificadas como vulnerables, lo que indica un problema persistente y grave.
Los funcionarios judiciales y policiales están enfatizando que la violencia a menudo ocurre en el lugar donde los niños deberían estar más seguros: sus propios hogares. La Coordinadora de Niños y Jóvenes, Jueza Regina Ferrari, enfatizó la necesidad de decir no a la violencia y al abuso sexual, señalando que el hogar es frecuentemente donde ocurre la violación. El Corregidor General de Justicia, Nonato Maia, declaró que el objetivo de la campaña es proporcionar soluciones concretas y respuestas más rápidas a estos casos.
En paralelo, la Policía Civil está intensificando sus acciones durante todo mayo. La Delegada Carla Fabíola, de la comisaría especializada para víctimas infantiles y adolescentes, destacó una estrategia dual de prevención e investigación acelerada. Esto incluye aumentar el número de interrogatorios, solicitar arrestos y acelerar los procesos de los casos. Las autoridades también subrayan que combatir esta violencia es una responsabilidad social, instando al público a no ignorar las señales de abuso.
Los funcionarios recuerdan al público los recursos críticos disponibles para denunciar la violencia contra niños y adolescentes. Estos incluyen la Policía Militar (190) para peligro inminente, SAMU (192) para ayuda médica urgente, comisarías especializadas, cualquier estación de policía, la línea nacional de derechos humanos Disque 100 para denuncias anónimas y la línea de WhatsApp del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Los profesionales de la salud también están obligados a denunciar casos sospechosos. Basado en informes de g1.