En un duro golpe legal a un exlíder municipal, Neider Moreira, el exalcalde de Itaúna en Minas Gerais, ha sido condenado a seis años y un mes de prisión en régimen cerrado. La condena se deriva de su participación en un esquema de 'rachadinha', un tipo de corrupción en el que los funcionarios públicos exigen sobornos de los salarios de los empleados. La decisión fue anunciada por el Ministerio Público del Estado de Minas Gerais (MPMG).
El esquema, que operó entre abril de 2018 y marzo de 2021, fue diseñado para financiar ilícitamente la campaña de reelección de Moreira en 2020. Según los fiscales, los servidores públicos comisionados fueron presionados para entregar una parte de sus ingresos mensuales. Las exigencias se realizaban en reuniones periódicas donde se fijaban montos específicos, proporcionales al cargo de cada empleado. Los pagos debían ser en efectivo, colocados en sobres, y la negativa se enfrentaba con amenazas de despido.
El fallo del tribunal se extiende más allá del exalcalde. Un exsecretario de Regulación Urbana y un exjefe de gabinete también fueron condenados, recibiendo penas de dos a cuatro años. Los tres fueron declarados culpables de 'concussão', el delito de un agente público que exige ventajas indebidas en virtud de su cargo. Además de la prisión, sus derechos políticos han sido suspendidos durante la duración de sus condenas y pueden perder cualquier cargo público restante.
El caso de la fiscalía se basó en una combinación de pruebas. Esto incluía grabaciones de reuniones, mensajes intercambiados entre los acusados y los empleados, y testimonios de víctimas y testigos. Un testigo relató que después de negarse a pagar el soborno, enfrentó persecución interna y finalmente fue despedido de su cargo meses después.
Sin embargo, el equipo de defensa de Neider Moreira ha prometido impugnar el veredicto. Expresaron 'extrema consternación' por la decisión y anunciaron su intención de apelar. Su argumento central es que la condena se basa en una prueba obtenida ilícitamente: una grabación ambiental realizada sin autorización judicial por una persona no identificada. La defensa afirma que esta grabación fue entregada anónimamente a un oponente político justo antes de una elección municipal.
Según el comunicado oficial de la defensa, no hay ningún testimonio en los archivos del caso que corrobore la participación de Moreira en ninguna actividad delictiva. Sostienen que el 'celo por la justicia a cualquier costo' de la fiscalía no puede anular la garantía constitucional contra el uso de pruebas ilícitas en los procedimientos legales. La apelación buscará que se declare nulo el proceso basándose en esta premisa.
El caso destaca las continuas batallas legales y políticas en torno a las acusaciones de corrupción en los municipios brasileños. Mientras la fiscalía presentó una narrativa de extorsión sistemática para el financiamiento de campañas, la defensa enmarca la condena como una violación del debido proceso, preparando el escenario para una prolongada lucha en apelación. Basado en reportajes de g1.