En un importante desarrollo que ha sacudido el panorama político local, el Ministerio Público Federal (MPF) ha lanzado una investigación formal y emitido una orden inmediata para congelar todos los gastos vinculados a un controvertido acuerdo de R$11,9 millones. El acuerdo, firmado entre el gobierno municipal de São José do Rio Preto y el hospital Santa Casa de Casa Branca, tenía como objetivo financiar una campaña de imágenes médicas a gran escala para eliminar los atrasos de pacientes.
La recomendación del MPF, emitida el martes, ordena al administrador del hospital Santa Casa que detenga cualquier pago o transferencia a terceros (incluidas empresas de alquiler de camiones o proveedores de servicios) utilizando fondos recibidos del ayuntamiento. Los fiscales federales han dado al hospital un plazo de dos días para informar las medidas que tomará para cumplir con esta directiva. El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en responsabilidad personal para los responsables.
Esta acción federal se produce tras un intenso escrutinio del Concejo Municipal de São José do Rio Preto, que votó para establecer una Comisión Especial de Investigación (CEI) para examinar a fondo el acuerdo. La comisión se formó después de denuncias de graves irregularidades, incluida la ausencia de un proceso de selección adecuado o licitación competitiva para el contrato. La investigación estará a cargo de un panel de cuatro concejales.
La controversia ya ha desencadenado importantes consecuencias políticas. El Secretario Municipal de Salud, Rubem Bottas, solicitó ser relevado de sus funciones el lunes debido al escándalo. Ha sido reemplazado por Frederico Duarte, quien supervisará una investigación administrativa interna. Además, el alcalde Fábio Cândido anunció la cancelación del acuerdo el mismo día, citando "prudencia administrativa y seguridad jurídica" después de que la oficina legal de la ciudad identificara requisitos contractuales no cumplidos.
El ayuntamiento también ha exigido la devolución de R$4,7 millones que se habían pagado por adelantado al hospital. El acuerdo original, anunciado a finales de abril, se presentó como una solución para eliminar la cola de la ciudad para exámenes de diagnóstico por imágenes a través de un modelo de unidad móvil de salud. Sin embargo, el acuerdo rápidamente generó críticas por su falta de transparencia y la dudosa capacidad del hospital para ejecutar un proyecto tan grande.
La investigación civil federal, abierta el 1 de mayo, señala varias banderas rojas. Los fiscales citan la frágil situación financiera del hospital, la falta de capacidad técnica y operativa para cumplir los objetivos del contrato y la "atípica interposición de empresas" en la prestación de los servicios. El MPF ha dejado claro que esta recomendación inicial no marca el final de su participación, advirtiendo que pueden seguir más medidas y posibles responsabilidades para funcionarios públicos y otras entidades.
Basado en reportajes de g1.